Reforma a la Ley de Amparo: entre la modernización y sospechas de cortina de humo
El Senado de la República envió este lunes a la Cámara de Diputados la minuta de reformas a la Ley de Amparo, un mecanismo constitucional clave para proteger derechos individuales frente a actos de autoridad.
Aunque la iniciativa busca agilizar procesos judiciales mediante el uso de tecnologías digitales y extender plazos para sentencias de 60 a 90 días en amparos indirectos, un transitorio controvertido que permite su aplicación retroactiva a juicios en curso ha desatado críticas por violar el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe leyes retroactivas en perjuicio de personas.
La minuta, aprobada el pasado 2 de octubre en lo general por Morena y sus aliados pese a reservas de la oposición, llegó a San Lázaro sin correcciones previas del Senado. Legisladores de la Cámara Baja ya anticipan enmendar el polémico transitorio para alinearlo con la Carta Magna, con el objetivo de "garantizar que el amparo proteja cabalmente a los ciudadanos y no sirva para blindar impunidades", según fuentes cercanas al proceso.
El Gobierno federal, por su parte, ha reiterado que no respalda ninguna retroactividad, sugiriendo una "clarificación" para evitar interpretaciones erróneas.Sin embargo, analistas y voces opositoras ven en esta cláusula una posible "cortina de humo" para distraer del fondo de la reforma: limitar el uso "abusivo" del amparo por parte de delincuentes de cuello blanco y evasores fiscales, según defensores de la iniciativa como el senador Manuel Huerta.
Críticos, en cambio, advierten que erosiona el Estado de Derecho y podría disfrazar "venganzas políticas" al debilitar protecciones contra arbitrariedades del poder. En redes sociales, usuarios como el abogado Manuel Carro cuestionan si el escándalo del transitorio no es un distractor deliberado del verdadero impacto: restringir amparos en casos sensibles, como los de huachicoleros o reformas controvertidas.
El PRI ya anunció que votará en contra de cualquier intento de retroactividad, mientras la oposición exige debate abierto para evitar que la "modernización" se convierta en un retroceso en derechos humanos. La Cámara de Diputados tiene ahora la última palabra en este entramado legislativo que podría redefinir el equilibrio entre eficiencia judicial y garantías constitucionales.
